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El fin de la inocencia: niños Mapuche | agredidos y criminalizados por el Estado |
jueves, 04 de julio de 2013 |
Golpes de puños, culatazos y persecución es la vida cotidiana de los
adolescentes y niños de las comunidades Mapuche. Gabriel Valenzuela de
Wente Winkul Mapu ya cumplió 53 días en huelga de hambre, su caso es el
rostro de pequeños que crecen en medio de la violencia en los
allanamientos y procesos judiciales del Estado chileno contra el Pueblo Mapuche.
La comunidad Wente Winkul Mapu a veces puede ser un remanso en medio de la agitación permanente. Ubicada en la comuna Ercilla, cincuenta familias mapuches viven de la siembra y cosecha de maíz, avena y vegetales. Ese es el caso de la familia de Gabriel Valenzuela,
el joven mapuche que lleva 53 días en huelga de hambre. Su padrastro,
Luis Melinao es werkén (vocero) de la comunidad y su madre, Teresa
Montoya trabaja en la venta de verduras en el mercado de Collipulli. Eso
cuando no pasan en las audiencias o visitando a su hijo.
Antes de la detención de Gabriel vivían y trabajaban todos juntos, a
veces tenían días buenos como todas las familias, hasta que llegó la
mala racha. Ese paisaje verde y silencioso que se impone en medio de
quebradas, se vuelve un infierno cuando son golpeados por los
allanamientos con sus filas de carros policiales y balines que alcanzan a
ancianos y a niños de la comunidad.
-A Gabriel le encantaban los caballos- dice Luis.
Y habla en pasado, porque su hijastro ahora parece otra persona, pesa diez kilos menos, tiene depresión y siempre lo invaden las náuseas. En dos ocasiones fue trasladado de urgencia al hospital de Nueva Imperial por las continuas taquicardias. Luis cree que su hijo está enfermando de pena. Gabriel a veces es un espectro que pide a su familia.
El joven está imputado como coautor de los actos que
derivaron en la muerte de Héctor Gallardo, un vecino y parcelero de la
comuna de San Ramón de Ercilla. Por la misma causa, también se encuentra imputado Luis Marileo y Leonardo Quijón quienes están en prisión preventiva en la cárcel de Ángol.
Pese a todo, Gabriel sostiene su decisión de no comer y sólo ingiere
líquidos, esta una batalla que dará hasta que no se reconozcan sus
demandas como preso político mapuche. Él y su defensor Nelson Miranda
denuncian falta de transparencia en el proceso judicial, la dilatación
del cierre de la investigación y el daño que le provoca la distancia con
su familia. Lleva más de diez meses encerrado y exige que se le
traslade a la cárcel de Angol para que pueda estar cerca de otros
comuneros y reunirse con sus padres más de una vez por semana.
Hoy las visitas son un gran sacrificio.
“Nos sale tres mil pesos el bus y nos demoramos más de dos horas en viajar hasta la cárcel de Chol Chol”,
explica su padrastro para detallar cómo el encarcelamiento de Gabriel
ha desestabilizado la familia. Antes de todo, el joven cuidaba de sus
cuatro hermanos menores mientras sus padres iban a trabajar al mercado.
“No es mucho lo que ganamos y cada vez que visitamos a Gabriel debemos
pagar 3 mil pesos en un viaje de bus para una distancia de casi más de
dos horas, queremos estar cerca de él”, dice Luis.
Nelson Miranda, el abogado defensor de Gabriel Valenzuela comenta el
joven mapuche se entregó de forma voluntaria, apenas supo que se le
inculpaba de la muerte del parcelero, además se presentaron testigos que
declararon que Valenzuela se encontraba lejos del lugar cuando pasó
todo. “Fue un testigo protegido que afirmó que reconoció su voz a
más de 50 metros, de noche, porque lo había escuchado hablar en una
micro, es algo muy injusto, este es otro motivo para su huelga de
hambre”, dice Miranda.
Según el abogado, el período fijado inicialmente para la
investigación de esta causa era de cuatro meses, pero la preparación del
juicio sólo comenzó el once de abril y se detuvo en esa misma jornada,
allí se quedó congelada desde entonces. “En esa ocasión, el fiscal Luis
Chamorro se negó a obedecer la resolución del juez Claudio Campos
que, a pedido de la defensa, le obligaba a dar a conocer dos oficios
referidos a medidas de protección de testigos, e interpuso un recurso
que fue rechazado por la Corte de Temuco. El 28 de mayo, la Fiscalía
apeló a este dictamen, ahora esta situación deberá ser resuelta por la
Corte Suprema. Mientras tanto, los imputados seguirán recluidos sin haber sido condenados, ya van a cumplir diez meses tras las rejas”, comenta.
Nelson Miranda relaciona el caso de Gabriel con el testimonio que
hizo para la inhabilitación del fiscal Chamorro. El joven mapuche prestó
declaración ante la Corte de Temuco tras el violento allanamiento en
junio de 2012, durante la cual recibió un disparo de escopeta en la
espalda y varios miembros de su familia sufrieron graves heridas.
Infancia robada
Karina Riquelme es abogada defensora de comuneros mapuches de la Comunidad Autónoma Temucuicui,
explica que el caso de Gabriel es un ejemplo de una realidad que golpea
a niños y jóvenes de las comunidades. Dice que desde hace siete años le
ha tocado observar cómo los pequeños conviven con la presencia policial
y han tenido que asimilar procedimientos que son llevados a cabo sin
ningún tipo de protocolo que contemple respetar sus derechos. “Debemos
recalcar que el estado de Chile es parte de la Convención de los
Derechos del niño, sus organismos tienen el deber de respetarlos.
Tampoco se instruye a las fuerzas policiales a realizar sus
procedimientos”, explica. A Riquelme, lo que más le llama la atención de
este problema es que los niños no sonríen, y su seriedad se intensifica
en la medida que crecen, todo producto de la persecución policial.
Riquelme insiste que la represión en la Araucanía es pan de cada día,
sobretodo para comunidades que se encuentran luchando por derechos
ancestrales. “Al no existir de parte del estado una respuesta eficaz al
problema, se utiliza la criminalización para mantener a sus dirigentes
ocupados en materias judiciales”, aclara.
Para ella, un ejemplo claro ha sido el caso de Vania Queipul, werkén
de Temucuicui, e hija del Lonko, quien ha sufrido su criminalización
desde los 15 años, fue absuelta en un primer juicio y hace muy poco
tiempo condenada en un segundo proceso. “Su primo Patricio Queipul
también sufrió constantes detenciones y numerosas criminalizaciones y
estuvo clandestino para no ser juzgado por la Ley antiterrorista”,
recuerda.
Nelson Miranda insiste en ese punto y comenta que los adolescentes y
niños son el grupo etario mapuche que más ha sido dañado por la
represión policial. “Ellos viven en medio de allanamientos que
son verdaderos asaltos armados en contra de sus comunidades. Son muchos
menores que han debido pasar largos periodos en prisión preventiva (…)
El daño a la niñez mapuche en las comunidades es inconmensurable, es una
generación marcada por los efectos post traumáticos”, enfatiza.
Anuar Quesille, Abogado del Área de Protección Legal de Unicef Chile,
comenta que hace cuatro años comenzó una escalada de denuncias de
violencia y aún cuando su trabajo se dedicaba a la educación
intercultural, debido a estos hechos de violencia en contra de menores,
hoy está enfocado en la elaboración de un plan de trabajo en
coordinación con los organismos públicos y la sociedad civil. “No
son denuncias informales, por ejemplo hay fallos de los Tribunales de
Justicia donde se ha llamado a las policías a no efectuar
interrogatorios informales al interior de los colegios como fue el caso
de la escuela Blanca Lepin…” explica.
El caso que cita se refiere recurso de protección que se
interpuso a favor de dos menores mapuches de diez años de la comunidad
indígena Muko Bajo y en contra de la Prefectura de Carabineros
de Cautín y de la Policía de Investigaciones de Chile. Los niños fueron
interrogados y amedrentados para consultarles por nombres y paraderos de
comuneros, pese a su corta edad.
“Enfatizamos que las policías tienen el rol y el deber de garantizar
el orden público y de cumplir órdenes como dar cuenta de una orden
judicial, pero a su vez nunca deben perder de vista el respeto por los
derechos de las personas y particularmente por los niños mapuches que
están en la comunidades, y es evidente que cuando la justicia se
pronuncia y dice que hubo casos en los cuales hay niños lesionados con
informes sicológicos, periciales y constatación de lesiones, nosotros
hemos hecho comunicados públicos donde llamamos a las policías a ajustar
sus procedimientos a la Constitución”, aclara.
Mientras tanto, Gabriel seguirá esperando estar más cerca de sus
padres y que se reinicie su proceso. Para su comunidad, él es un joven
valiente que no depondrá la huelga hasta ser trasladado. “Necesito
seguir fortaleciendo mi identidad, necesito conversar en cada mañana con
algún peñi, sobre mis Pewma (sueños), conversar sobre nuestros
procesos, conocer más de nuestra historia territorial, familiar. Y acá, a
más de 3 horas de viaje, en otro territorio, una vez por semana, es
imposible…” reveló en uno de sus últimos comunicados. Gabriel no baja
los brazos.
Las agresiones que sufren los niños
En 2004 un informe del Servicio de Salud Araucanía Norte
reveló cómo las visitas, allanamientos y la constante vigilancia de
Carabineros, Investigaciones, Fuerzas Especiales y fiscales afectaban a
los habitantes de las comunidades mapuches. El documento, a
cargo de La psicóloga Claudia Molina, de la Comisión Europea de Derechos
Humanos y Pueblos Ancestrales (CEDHPA, denunciaba que los niños eran
golpeados contra el suelo y la pared, que recibían culatazos con armas
de fuego y alertó sobre los efectos traumáticos que tenían por ser
testigos de fuertes escenas donde sus padres y otros familiares son
constantemente agredidos.
El documento arrojó también que los pequeños pasan de un polo a otro
en sus emociones, lloran con facilidad, asisten cansados al colegio y
tienen dificultades para conciliar el sueño, porque duermen a
sobresaltado producto de las pesadillas.
Dentro de otras agresiones en informes más recientes, la sicóloga
agrega que los menores de edad mapuches son víctimas de torturas,
secuestro, amenazas de muerte a ellos o familiares cercanos, que son
amedrentados con armas para que delaten a referentes significativos de
sus comunidades.
Dentro de los apremios ilegítimos que se producen en los
interrogatorios los menores son esposados por largos periodos de tiempo,
son perseguidos por helicópteros policiales y han sido víctimas de
heridas con perdigones o balines. “Otra forma de agresión es el
encarcelamiento de sus padres u otros cercanos, que provocan daños a
nivel vincular y de apego, los hijos de los comuneros perseguidos
padecen síntomas asociados a los trastornos de la ansiedad por
separación (…) Hechos en que los responsables quedan totalmente impunes.
Las agresiones en las escuelas como interrogatorios, vigilancia, toma
de fotografías implican una invasión de todos sus espacios cotidianos,
con eso pierden toda sensación de seguridad”, remata. // El Dinamo
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