Sobre la protección de los derechos y garantías de la infancia y adolescencia en Salta

Por Berta Saccamano de Martínez - Publicado el domingo, 27 de abril de 2008 (leído 208 veces)

Un reciente artículo publicado en un matutino salteño, cuyo título es “La mayoría de los chicos presos son reincidentes” ha dado pie a que expertos en la materia denuncien una "simbolización de la infancia presa" y un desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales de la infancia, aun dentro de la estructura institucional de la Provincia de Salta.

Iruya.com reproduce a continuación uno de las opiniones más enjundiosas sobre la materia, cuyas conclusiones deberían constituir un serio llamado de atención a los poderes públicos sobre la forma manifiestamente inadecuada en que las instituciones de nuestra Provincia están abordando una problemática de extraordinaria complejidad.

Este estudio revela que las notas constantes en las respuestas de las instituciones oficiales son la precariedad, el desafecto y la anomia en un absoluto abandono y desinterés por la problemática, lo que, ciertamente, constituye una invitación a revisar las estrategias e instrumentos de intervención sobre un fenómeno social, de cuyo correcto tratamiento, depende, nada menos, que el futuro de toda nuestra sociedad.

A modo de introducción

La construcción conceptual de la estructura estatal argentina, prevé acciones de protección de la infancia y la adolescencia, de transición entre la clásica práctica de institucionalización como modalidad de intervención social a lo largo del siglo y un posicionamiento desde la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 1990, que marca una ruptura filosófica y jurídica con las tradiciones paternalistas, para el desarrollo del nuevo paradigma que reconoce la protección integral de los derechos desde los derechos universales sin distinciones. Niños, niñas y adolescentes dejan de ser considerados objetos de protección tutelar, prevención y otras formas de asistencia, con el clásico modo de tratamiento para menores en situación irregular y/o abandono material y moral, para ser reconocidos como sujetos de derechos, es decir, ciudadanos menores de edad, comprendiendo a los derechos humanos como un proceso constante de construcción de ciudadanía, que se expresa en el reconocimiento del "derecho a tener derechos".

Los derechos humanos al ser aplicados a la infancia, constituyen una nueva concepción del niño y su relación con la familia, la sociedad y el Estado, en el reconocimiento del estado de derecho, en contraposición con la idea de incapacidad jurídica y necesariamente representado por un organismo tutelar, proponiendo un nuevo enfoque en las formas de intervención de las organizaciones de protección de la infancia y adolescencia, las instituciones sociales y el entorno social y cultural. A partir de la Convención se revaloriza a la familia para su cuidado como responsabilidad primaria, siendo la responsabilidad del Estado proporcionarle la asistencia material necesaria desde programas de apoyo a la familia primaria, la familia extensa y comunidad de origen, las organizaciones públicas y la sociedad civil, para ejercer la orientación que fuere necesaria respetando el derecho prioritario de los padres y el niño.

Política proteccional en Salta

En la última década es aplicada en la provincia como sistema de sustitución familiar, mediante mecanismos de selección de familias subsidiadas por el Estado, consideradas óptimas por las organizaciones técnico-administrativas y judicial, para protección de la infancia y adolescencia en riesgo, definida por valores de una cultura que propone los factores de riesgo a través de sus ejecutores, con la separación transitoria o definitiva de su familia y comunidad de origen, con intervención de organismos de protección, desprotegiendo otros derechos básicos. Con la tradicional judicialización de la infancia y la adolescencia como efectora de inconducta social, la clientela es -en gran medida- la familia pobre en situación de indefensión por múltiples agentes estresantes, vulnerabilidad y deprivación cultural y económica, que le impiden encontrar recursos personales y ambientales necesarios para su reproducción social, protección de su integridad y ejercicio de su legítimo derecho a la crianza de sus hijos.

En los hechos persisten prácticas decimonónicas con fachada de modernas prestaciones públicas y privadas, que habilitan la tradicional separación del niño con el alejamiento de su espectro familiar, según las modernas modalidades de la Reforma, siendo una práctica institucional complementaria de la acción de las fuerzas de Seguridad, para la protección tutelar mediante mecanismos judiciales o gestiones de la Secretaría de Protección de Derechos - se ha dado en llamar así a Familia y Minoridad- por intermedio de profesionales de servicio social y sicología, o familiares en búsqueda de paliativos a situaciones deficitarias, para los que no acceden al sistema de familias de alquiler por ser mayores de diez años o no tener el perfil angelical exigido.

La única alternativa es el alojamiento en la Unidad de Protección como contraparte de la clásica institución asilar, no siendo considerada socialmente como una amenaza para la unidad familiar, culturalmente determinada por las instituciones, las relaciones sociales y la opinión pública, sino, el procedimiento más adecuado para la continentación de los menores de edad y resolución de problemas de la familia acuciada por necesidades de subsistencia. Una forma invisible de deshumanización, posible de identificar por sus consecuencias al condicionar los comportamientos, lo que significa rutina, disciplina y aislamiento comunicacional, como mecanismos para la adaptación social, con la necesaria permanencia en el ámbito institucional de Seguridad policial, en con la tradicional concepción paternalista como referente histórico, lo que resulta ser la antesala de la desintegración de los menores de edad con la pérdida de la red de protección afectiva, que la experiencia acredita ulteriores consecuencias.

Se entiende que formalmente esta modalidad oculta con amabilidad, un despiadado tratamiento a su situación como infancia en riesgo, en la búsqueda de cohesión incondicional a la institución policial, sin soslayar el antecedente de una cultura de violencia en el perfil de algunos ejecutores, en instituciones de seguridad, como en los internados dispuestos por el Estado, más ONG civiles y religiosas condicionadas como estructura proteccional. Posicionamiento que en el proceso social es concebido como un estado de equilibrio dentro del marco normativo, determinante de los comportamientos humanos y funciones -desde la concepción sociológica funcionalista- para la satisfacción de necesidades manteniendo el sistema social como un todo en completa armonía. Siendo el Estado el árbitro que la sociedad crea para resolver conflictos y lograr la adaptación y acomodación del comportamiento, actuando desde el poder y los efectos que ejerce sobre los individuos y se reconoce la eficacia que tienen los mecanismos autoritarios -que nuestra historia lo demuestra sobradamente.

La estructura del poder ideó modernas políticas para la infancia y la adolescencia pero sin ellos, no tienen cabida los púberes ni adolescentes en conflicto con la ley penal, tampoco los demorados por averiguación de antecedentes, con criterio de peligrosidad asociado a las representaciones de la estructura de la pobreza y prejuicios de clase. Entiendo que se produce un etnocidio, lo que significa destrucción sistemática de los modos de vida y pensamiento, que deben ser mejorados y cambiados por el modelo que imponen los que saben; mediante la contención para educar, socializar, borrar historias y cambiar mentalidades para reintegrarlos a la sociedad.

En soledad estigmatizados, rechazados y aislados de su medio natural, con disciplinas moldeadoras de la conducta como función social del sistema policial.

Un hecho paradigmático lo ocurrido en la ciudad de Orán de la provincia en el año 2006, donde mueren calcinados cuatro adolescentes de 15 y 16 años que se encontraban alojados - presos- con mayores en la celda de una comisaría...

Un contexto contemporáneo de autoritarismo con rostro democrático en defensa de la comunidad y el medio ambiente, en un proceso favorecido por la empobrecida estructura social y la responsabilización del Estado en la formación de esquemas mentales, tomando la función de padre simbólico los organismos de Seguridad, con la consecuente anulación de la diversidad y la identidad. Se realizan rituales de obediencia y ejercicio de la autoridad, una estructura de jerarquías de corte fascista definida a partir de actos de dominación simbólica como procedimiento para ir transformando sus representaciones sociales.

Las tácticas de la organización son la combinación de individuos, niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección, generando poder moral para conducirlos desde los principios de orden, disciplina, obediencia y subordinación. Eric Hobsbawn (1983) define esta práctica con las reglas simbólicas formalmente establecidas y basadas en la ideología, como los rituales que inculcan los valores y normas de conducta por repetición. Se simboliza la cohesión social que legitima las instituciones o las relaciones de autoridad, de aquellas cuyo propósito es la contención y socialización, mediante un sistema de valores y convencionalismos del comportamiento humano. Foucault en su teoría de la disciplina plantea que los enunciados verdaderos o falsos, las formas de sancionar, las técnicas y procedimientos que son valorados para obtener la verdad, se centran en las instituciones que los producen y en procesos que dirigen los gestos y rigen los comportamientos humanos.

Un modelo en Salta

Los niños, niñas y adolescentes que presentan situaciones de riesgo familiar o conflicto con la Ley penal, inician su periplo en la Comisaría del Menor hoy denominada Unidad de Protección. Organismo de Seguridad policial creado en el año 1981 por el proceso dictatorial en Salta, que se mantiene y fortalece en la democracia, y en la División de Protección de la Familia de Unidad Nº 1 de la Policía Provincial, siendo alojados en sus dependencias a disposición judicial. Organismos de Seguridad con personal dudosamente calificado para la labor con niños y adolescentes varones y mujeres, por trayectorias personales o situaciones emergentes, pudiendo representar riesgo para la integridad física y psíquica de los menores de edad en el sistema policial, sin acompañamiento permanente de personal civil idóneo. En violación de derechos como ciudadanos menores de edad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Mientras tanto

En la ciudad de Salta, la Comisaría del Menor - ahora denominada Unidad de Protección- celebraba en diciembre del año 2006, el 25º aniversario de su creación, con la legitimación social e institucional del organismo policial como unidad de protección y las actividades que desarrolla con la infancia y la adolescencia.

Formalmente la modalidad oculta un despiadado tratamiento a su situación como menores de edad varones y mujeres en riesgo. No obstante las recomendaciones de la nueva política proteccional, en defensa del derecho a la individualidad y permanencia con su familia y comunidad de origen, el análisis contextual visualiza como hecho social instituido en nuestra cultura, el operativo de caridades y buenas intenciones, que desestima la importancia de la preservación de lazos con cada uno de los integrantes que conforman la constelación afectiva primaria, los padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, padrinos, amigos, compañeros y vecinos, desmereciendo su potencial sin darle la oportunidad de ejercer su rol.

Sin descontar las dificultades de trabajar con estructuras familiares deprivadas afectivamente, a veces expulsoras de sus hijos, prevaleciendo la vulnerabilidad y la pobreza con el deterioro e inestabilidad en las relaciones de parentesco y vida en común, conflictos y tensiones cotidianas donde la mujer y los hijos son víctimas de la violencia doméstica, falta de alimentos suficientes para subsistencia de la prole y la imposibilidad de afrontar responsabilidades superadoras de limitaciones personales en la búsqueda de recursos, trabajo en el mercado informal y generación de un sin fin de situaciones del proceso de adaptación a las contingencias del día a día.

En esa circunstancia, surge la figura del niño y niña de la calle, Freire los señala como ciudadanos que maduraron precozmente, deben sobrevivir por sí mismo bajo condiciones extremas de necesidad y de incertidumbre, generadoras de defensa y adaptación a modos que impone la urbanización, en íntima relación de la pobreza con la economía informal, códigos y representaciones de comportamientos exigidos por el mundo adulto, donde aprehenden brutales estrategias de sobrevivencia. Desde su incorporación al trabajo hasta involucrarse en mecanismos ilegales de intercambio y situaciones de peligrosidad para su integridad, alcoholismo, adicción de sustancias, abusos y un sin fin de circunstancias que deben vivir, asumiendo patrones de esa subcultura, agravada por la desvinculación familiar con la consecuente desintegración, emergentes de una estructura de marginalidad y pobreza en estado de servidumbre, y objeto de políticas asistenciales como clientelismo político muy arraigada en nuestra cultura -comparto con Castells que tiene su raíz en la estructura de dominación colonial- procesos migratorios por vaciamiento del territorio interior, trayectorias de inadaptación urbana, entre otras.

Desde la lógica de una discriminación positiva cuando el bagaje cultural es diferente, las estrategias de protección deben ser acordes a las desigualdades. No es posible obviar la noción de relativismo como concepto antropológico, que define la experiencia de un individuo o una comunidad dependiente del universo de contexto, la historia y la forma como viven sus experiencias elaborando los conflictos y limitaciones que deben afrontar y desvalorización de la propia imagen en la representación que se tiene de sí mismo. Cultura que se posiciona desde las formas del poder y subordinación al sistema de jerarquías, donde resulta más conflictiva la táctica de los actores proveedores que aquellos a quienes van a proteger, partícipes del juego político como condición necesaria de justificación de su actividad en el campo social, representado por la posición que confiere la pertenencia a organizaciones de poder.

Para los profesionales que deben abordar estas circunstancias en particular, significa romper su etnocentrismo en un proceso dialéctico con el Otro -adolescente-familia-entorno social- no solo desde los instrumentos adquiridos en la formación académica, que le confiere superioridad de conocimientos y las herramientas necesarias para manejar diversas situaciones de conflicto, más allá de sus acciones mentales y la distinción basada en un sentimiento de superioridad académica y económica. Situación de constante resonancia en los medios de comunicación que toma visibilidad en el imaginario colectivo, significando una forma de amenaza y pérdida de credibilidad en la institución garantizadora de los derechos. Por ello, surge la necesidad de desarrollar una etnografía de lo profesional e institucional para deconstruir el discurso autoritario y encararlo como la visibilidad de un problema estructural, que exige un abordaje y tratamiento por los especialistas y sus recomendaciones.

Tarea de las instituciones legislativa, ejecutiva y judicial, la de proteger los derechos y garantías y hacer que se cumplan, responsabilizando a los que se olvidaron de los y las adolescentes que asombran por su soledad, sin recibir el debido tratamiento desde las ciencias humanas, permitiendo situaciones experimentadas como violencia disciplinaria y simbólica o extralimitación de los organismos de contención, afectando las garantías de libertad en estado de derecho en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. En lo conceptual, ésta convoca la creación de un espacio social con la articulación de acciones del Estado y la sociedad civil, no solo ONG con interesantes aportes económicos de la banca internacional, que trabajan por la infancia en Salta, sino involucrar al empresariado, los sindicatos, las organizaciones jurídicas por la defensa de los derechos, instituciones religiosas, medios de comunicación y toda la ciudadanía como legítimo órgano de control social.

A modo de conclusión

Desde el análisis comparativo en la realidad local, en estructuras institucionales las constantes fueran la precariedad, el desafecto y la anomia en un absoluto abandono y desinterés por la problemática de los mayores de diez años que quedaron a cargo -en la actualidad- de organismos de Seguridad para dar tratamiento al problema que representan y aplicación de correctivos del comportamiento El resultado se podrá identificar por sus consecuencias como efecto bumerán con el fracaso en el tratamiento de la problemática de los que porten historiales de trasgresión y conflictos con la ley penal, tratados con criterios de peligrosidad y reducidos al ámbito policial como estructura de represión y disciplina, por excelencia.

Pese a las nuevas tecnologías de las redes de comunicación y modernas estrategias de intervención para la resolución de problemas sociales, se pone en alto riesgo a la estructura psicológica y socio-cultural de los que hoy son objeto de su atención y protección. Lo más grave, es que son asumidas como naturales por la opinión pública, las instituciones y la cultura, legitimando la acción que ejercen los organismos de desprotección que la estructura estatal propone. No significa un criterio ético-político, como eje estratégico de la planificación y ejecución de la moderna política, para la protección de los derechos y garantías de los menores de edad en ejercicio como ciudadanos argentinos y en nuestro caso en particular, como salteños, sino el discurso contradictorio de una sociedad esquizofrénica que sigue sosteniendo al modelo de desamparo.